Me dirijo a los asistentes a la presentación de ayer de la alianza ESADE-ETEA, que se celebró con la energética conferencia del profesor Gonzalo Bernados sobre la salida de la crisis.
La bolsa americana lleva subiendo desde que Obama adoptó la medida de crear un "Banco Malo". Le ha seguido Alemania y parece querer seguirla Gran Bretaña. En España deberíamos adoptarla a pesar de que Solves se opuso a la misma. En este sentido es importante el citado éxito americano, posterior a las declaraciones de Solbes, y que el IESE está apostando en los últimos días por su implementación en el sistema financiero español. Sería la solución al problema de oscurantismo de las Cajas,y una solución mucho más trasparente que la del Fondo de Reestructuración Bancaria que parece buscar el Gobierno.
Pero el problema está en como hacerlo. La versión americana apuesta por una solución privada, aunque con apoyo de fondos públicos. La versión alemana apuesta por una solución más controlada por el Estado.
Nuestro ponente de ayer apostaba por la opción pública. Yo le pregunté sobre si no era mejor la solución privada americana, y él se reafirmó en su solución. En aquel momento no acabé de entenderlo, pero, tras una reflexión más detenida, sí creo entender los motivos del Profesor Bernados. En este artículo explico porque, en mi opinión, puede ser más práctica la opción pública para España y aporto una solución a los problemas que esta opción pública genera. En concreto aporto una solución a CUAL ES EL VALOR DE LOS INMUEBLES EN PODER DE LOS BANCOS, inmuebles que han adquirido de las promotoras en compensación de sus incobrables deudas. Este es el problema que hace que el sistema financiero acabe por no despegar según todos los analistas.
Efectivamente la opción que ha elegido Obama, la opción Privada me suena mejor a priori, se plantea lo siguiente: El principal problema de la crisis actual es precisamente la indeterminación del problema (la indeterminación del valor de los activos tóxicos). La mejor forma de solucionarlo, según Obama, es prestar al empresario privado dinero para que poniendo éste otra parte del dinero, compre esos activos y por tanto determine su precio, y en consecuencia se acabe el principal problema de la crisis, la indeterminación. Es crear un mercado para conseguir poner un precio a lo que no lo tiene. Sin embargo la solución privada americana tiene un problema: Si hay ganancias se las lleva el sector privado, si hay perdidas el Estado tiene todas las papeletas para comérselas. En este sentido es muy instructivo un artículo publicado recientemente en CNN-Expansión. Otro fallo de este sistema es que los bancos van a evitar vender al precio de mercado para evitar mostrar esas pérdidas en su balance, en concreto son los directivos los que van a elevar el precio por encima del precio justo, posiblemente en contra de los propios interese del banco, debido a que en ello se juegan su puesto. Por tanto el sistema es caro para el Estado y no se ajusta al precio de mercado, a pesar de aparentarlo.
Por su parte la solución pública tiene el problema de cómo se valora y de quién valora. Respecto al cómo, es decir al método de valoración, la Comisión Europea publicó en febrero un documento denominado "Treatment of Impaired Assets in the Community Banking Sectoren" en el que se propone valorar conforme a la proyección de los flujos de caja futuros del activo toxico.
Respecto a quien debe valorar hay que hacer notar que al ser el sector público el que compra, los precios podrían estar distorsionados por intereses políticos o por intereses corrompidos. En este sentido la solución alemana propone que sea una consultora privada la que efectúe la valoración.
Y aquí viene mi propuesta, que trata sobre cual debe ser el acuerdo de valoración entre el Estado y la consultora para que los precios de los activos sean justos, evitando corrupciones de impredecibles consecuencias.
Efectivamente un simple contrato licitado a tanto cerrado entre el Estado y la consultora-valoradora conllevaría la tentación de las entidades financieras de sobornar a los responsables de la consultora para elevar el precio de la valoración de los inmuebles tóxicos que va a vender al Estado, para así obtener mejores resultados en sus cuentas.
Mi propuesta es adoptar la opción pública pero diseñando un contrato entre Estado y consultora que fije los honorarios de esta última en función del acierto del precio valorado. ¿Cómo se sabe si ha acertado? Con el tiempo. Es por eso que la mayor parte de los honorarios se recibirían en los años posteriores a la compra de los activos por parte del Estado. Es decir en caso de que el valor fijado por la consultora para ese año, imaginemos 5 años después de la valoración, fuese próximo al precio al que ese año se hayan producido las transacciones de inmuebles en el mercado real, la consultora recibiría una cuantiosa cantidad ese año, en base a la fórmula pactada en el contrato, en caso que ese año estos valores fuesen distantes, el importe a cobrar eses año se reduciría sustancialmente. Para mayor seguridad en caso de detectarse indicios de corrupción las cantidades pendientes de cobro por parte de la consultora se paralizarían hasta que se produjera sentencia firme, de forma que en caso de que la justicia considerase que efectivamente hubo corrupción, la valoradora dejaría de cobrar una parte importante de sus honorarios.
Solo por medio de un sofisticado y acertado contrato de valoración de los activos conseguiríamos que la consultora pusiera todo su empeño en acertar en el precio futuro de los inmuebles, y evitaría la eventual tentación de soborno por parte de las entidades financieras.
De esta forma las grandes minutas a las consultoras incentivarán el acierto en el valor de los inmuebles. No hay que tener miedo a gastar estas cantidades que para un profesional son enormes pero son pequeñas para la Contabilidad Nacional, especialmente si las comparamos con las cuantías que está ahora empleando el Estado en expandir la demanda nacional.
Es mi modesta opinión.
Actualización a 27 de junio de 2009: Finalmente el Gobierno se ha decidido por aprobar su Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Este Fondo se diferencian del banco malo en que no saca de la entidad los activos tóxicos, inmuebles en el caso español, por medio de su compra, sino que el Estado "mete" dinero, por medio de la compra de participaciones, en la entidad financiera para hacerla más sólida. La solución parece algo más opaca pero al menos se ha actuado. Que sea por el bien de la solidez del sistema financiero.
Actualización a 31 de enero de 2011. Tras vairos meses en los que las cajas se han fusionado desde 40 a 17, y debido a que no se acaban de decidir a recapitalizarse del todo, el Gobierno ha decidico dar hasta marzo para que el que no cumpla los requisitos (8% de CORE CAPITAL para las no cotizadas y 9 19% para las cotizadas) se le inyectará obligatoriamente capital a cambio de acciones, para lo que tendrán que convertirse en bancos.